Ley que afectaría a 145 mil chapines en Florida recuerda la promovida en Alabama en 2011
Los miembros de la Cámara de Representantes de Florida, en su mayoría republicanos, aprobaron una serie de medidas solicitadas por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, para endurecer la estadía de migrantes indocumentados en el Estado del sur; sin embargo, esta no es la primera vez que en el país norteamericano entran en vigencia leyes en contra de migrantes. En junio de 2011, Alabama decidió declarar a la inmigración irregular como un delito, lo cual repercutió en el trabajo que realizaban los migrantes, provocando un éxodo hacia otros Estados del país norteamericano. La Cámara de Representantes de Florida aprobó una serie de medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, entre las que se incluyó el requerimiento a empresas con más de 25 empleados a usar el programa E-verify para la contratación de migrantes con el fin de determinar su estatus migratorio y con ello, imponer multas en caso de que se trate de migrantes indocumentados. Esta normativa también obliga a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid y que los departamentos de emergencia tengan que recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes. Los congresistas también decidieron que el transporte de migrantes sin un estatus legal sea un delito con penas de hasta 15 años de prisión, además se realiza un financiamiento de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes. A su vez, decidieron que las licencias de conducir legalmente emitidas en 16 estados y el Distrito de Columbia no son reconocidas. Establece la eliminación de exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados. Entre otras medidas, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio, requiere las agencias de aplicación de la ley para que recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal y además, designa US$12 millones para el traslado de migrantes a otros estados del país. (La Hora/Prensa Libre 10.05.23)
