Túmulos ilegales triplican tiempos y dañan las vías
Estos obstáculos sin control en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales pueden impactar hasta el precio final de los productos. “Ningún túmulo está puesto bajo algún estándar o una norma de seguridad. No tienen ningún tipo de señalización. Entonces, ¿qué pasa? Ocasionan accidentes”, señala José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga (CGTC). Este tipo de obstáculos suele estar presente en rutas donde la velocidad es alta. A criterio de Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), lejos de ser una medida de seguridad, lo que hace es provocar accidentes. “Muchas veces pareciera una banqueta y se convierte en un obstáculo peligroso en medio del camino”, indica Caballeros. Además del riesgo que representan para la seguridad vial, los túmulos tienen un impacto en los vehículos; por ejemplo, afectan los sistemas de suspensión e hidráulico. “Se arruinan los resortes, se calientan los frenos y hay más consumo de combustible”, enlista Ramírez. Estos obstáculos hacen menos eficientes las horas y la ruta de tránsito, y tienen un impacto directo en los costos del transporte. Ramírez y Caballeros concuerdan en que los túmulos triplican el tiempo de traslado del transporte. Esto se traduce en “más tiempo de los pilotos en ruta, costos más altos y llegamos tarde a los centros de distribución o a los puertos”, agrega Ramírez. Ese tiempo, que se traduce en costos al comercio y a la industria, termina trasladándose hacia el producto terminado y a los clientes. “El costo asociado al transporte en una empresa agropecuaria o agroindustrial oscila entre el 15% y el 25% del total de los costos. Los túmulos llegan a formar parte de ese costo del transporte porque está asociado a la mala carretera, son factores que hacen que se tenga que ir mucho más lento y que el tiempo sea mayor de tránsito”, resalta Caballeros. Además del impacto hacia los costos del transporte, Caballeros afirma que también “tiene una afectación directa en contra del turismo”. (PL 22.05.25)
