Continúan críticas al proyecto de presupuesto del 2026
El sector industrial argumenta que la propuesta de presupuesto del 2026 incrementa la deuda y el gasto sin priorizar necesidades, y crea asignaciones de difícil fiscalización. El presidente, Bernardo Arévalo confía en que el Congreso lo apruebe y defiende medida para que Codedes ejecuten fondos de dos años atrás. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció, durante el fin de semana, en contra del contenido del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2026, y pidió al Congreso corregir los errores que contiene. Presentó sus principales señalamientos en cuatro puntos: En el primero califica de irresponsable la propuesta del Ejecutivo, porque “aumenta el gasto público de forma insostenible y no prioriza las verdaderas necesidades de los guatemaltecos”. En el segundo indica que la propuesta asigna la mayor parte de los recursos a gastos de funcionamiento y deuda, lo cual limita la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura, en especial en carreteras esenciales para el transporte de materias primas y productos. Argumenta que este factor eleva los costos de traslado y, en consecuencia, incrementa el precio final de los bienes destinados al consumo familiar diario. En el tercer punto afirma que, de aprobarse sin cambios, el presupuesto del 2026 se convertiría en una irresponsabilidad intergeneracional, debido a la deuda que deberán pagar hijos y nietos. Este apartado se relaciona con el hecho de que el presupuesto superaría los Q163 mil millones, y que las ampliaciones preautorizadas podrían rebasar los Q170 mil millones. A criterio de los industriales, esto compromete el futuro del país. El sector considera que ese plan de gastos “solapa excepciones, crea fondos especiales de difícil fiscalización y autoriza ampliaciones sin monto definido”, lo cual permitiría el uso del dinero sin límites ni claridad. Tomando en cuenta esos factores, la CIG hace un llamado a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para que revise y corrija las deficiencias del proyecto, con el fin de garantizar transparencia y responsabilidad fiscal. La entidad apela a la voluntad política, con la cual —indica— se combate la corrupción. Durante octubre y noviembre de este año, el Cacif y el Cien también han lanzado advertencias acerca de la propuesta presupuestaria para el próximo año. El dictamen contempla entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones adicionales para los Consejos de Desarrollo (Codedes). (PL 18.11.25)
