Falta de acuerdos impide aprobar la ley antilavado
El Congreso, tras cinco horas y luego de poner sobre la mesa reformas a la ley del Ministerio Público (MP), no aprobó en redacción final la iniciativa 6593, que da vida al decreto ley integral para la prevención y represión de lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, impulsada por el Ejecutivo para fortalecer el sistema financiero y jurídico del país. Aunque la Comisión de Economía y Comercio Exterior depuró más de 40 enmiendas planteadas, consolidó un texto que moderniza la norma vigente desde 2001 y lo alineó con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), diputados de varios partidos propusieron apoyar la propuesta, a cambio de modificar el artículo 14 del MP, para permitir que el Presidente pueda remover al fiscal general. Entre las modificaciones a la iniciativa 6593 destaca la redefinición del artículo 2, que amplía conceptos como beneficiario final, personas expuestas políticamente (PEP) y proveedores de servicios de activos virtuales. Se incorporaron ajustes al artículo 3 para incluir a notarios en determinadas operaciones ligadas a activos virtuales, y al 4 para ampliar el catálogo de sujetos obligados, respaldado por informes de la Intendencia de Verificación Especial. Un tema crítico fue el tratamiento de las PEP, y se estableció que las medidas de debida diligencia aplicarán durante el ejercicio del cargo y hasta un año después. Se fijaron plazos claros para las cautelares del Ministerio Público, que deberá solicitar validación judicial en un máximo de tres días. (DCA 06.05.26)
