Congreso podría cambiar de nuevo la Ley de IUSI
El decreto 18-2026, que reforma la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), aún está pendiente de la decisión del presidente Bernardo Arévalo, quien debe determinar si lo sanciona o lo veta. El mandatario explicó, durante la conferencia de prensa La Ronda del 10 de agosto, que el decreto llegó al despacho presidencial el 7 de agosto y que actualmente está bajo análisis. La revisión, dijo, incluye aspectos técnicos y políticos para establecer si la reforma responde a una necesidad de la población. “Se tiene que ver si efectivamente la legislación responde a un genuino interés en atender un problema o una necesidad del pueblo guatemalteco o responde a una política electorera”, afirmó. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) coincide en que era necesario actualizar la legislación del IUSI. Entre los problemas que identificó están la desactualización de los rangos de valor de los inmuebles, las dificultades de algunos contribuyentes para cumplir con el impuesto y los posibles abusos de municipalidades contra vecinos morosos. El cuestionamiento del instituto no está en la necesidad de reformar la ley, sino en cómo se plantearon los cambios en el decreto 18-2026. Analistas en materia económica y municipal también han advertido que la reforma pudo haber requerido un análisis técnico más amplio y definiciones más precisas. Uno de los puntos señalados es que el decreto no establece con suficiente claridad algunos conceptos que serán determinantes para su aplicación, como qué debe entenderse por vivienda, entre otros términos. También se ha planteado una diferencia jurídica entre establecer una carga tributaria de cero y conceder una exención, conceptos que no necesariamente producen los mismos efectos. El primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, Juan Carlos Rivera, uno de los ponentes de las iniciativas que dieron origen a la reforma, reconoció que el Legislativo podría volver a intervenir si la aplicación del decreto genera problemas de interpretación. Rivera defiende que el texto aprobado es claro y rechaza que carezca de sustento técnico. Sin embargo, al referirse al análisis elaborado por Icefi, admitió que algunas disposiciones podrían revisarse posteriormente. Incluso, el diputado Rivera calificó el documento de Icefi como “un buen análisis”, aunque aclaró que no comparte algunas de sus conclusiones. (PL 20.08.26)
