Iniciativa busca agilizar solución de controversias
Las reformas a la Ley de Arbitraje buscan modernizar una ley vigente desde 1995 y reducir la judicialización de controversias, en específico aquellas derivadas de contratos entre empresas o entre particulares y el Estado. La intención es que los conflictos puedan resolverse con mayor rapidez y certeza jurídica, sin que el arbitraje termine convirtiéndose en un nuevo juicio de varios años. La iniciativa llegó al Congreso en julio del 2026 y actualmente es analizada por la Comisión de Economía y Comercio Exterior. La discusión parte de una ley que, aunque tomó como referencia estándares internacionales para el arbitraje, mantiene disposiciones que, según los impulsores de la reforma, permiten que una controversia resuelta por árbitros vuelva a los tribunales. Uno de los principales cuestionamientos se encuentra precisamente en esa etapa. Actualmente, una decisión arbitral puede ser objeto de revisión ante una sala de apelaciones, lo que abre la posibilidad de prolongar el conflicto. La propuesta busca limitar esa intervención judicial, sin eliminar los mecanismos para cuestionar un laudo cuando existan irregularidades que afecten las garantías de alguna de las partes. Los cambios también pretenden aclarar qué controversias pueden someterse a arbitraje, sustituir el recurso de revisión por una petición de nulidad y actualizar las reglas bajo las cuales funcionan estos procedimientos. Durante el foro de Guatemala No Se Detiene, diputados y especialistas explicaron los principales cambios que plantea la iniciativa y los efectos que podría tener para empresas, particulares y contratos en los que participa el Estado. (PL 27.08.26)
