Guatemala estrena ley antilavado
La mayor reforma al régimen antilavado en más de dos décadas ya empezó a operar en Guatemala. Desde el 17 de septiembre, el Decreto 15-2026 sustituyó las dos normas que durante años regularon por separado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para establecer un solo régimen con enfoque de riesgo y estándares internacionales. El cambio ya es aplicable, aunque todavía no exista el reglamento. La Superintendencia de Bancos (SIB) que fue consultada por La Hora, ha aclarado que las disposiciones de la nueva ley que no requieren desarrollo reglamentario deben cumplirse desde su entrada en vigor, mientras avanza la elaboración de las reglas que permitirán operativizar el resto de la normativa. Con la entrada en vigor del Decreto 15-2026 quedaron derogadas las normas de 2001 y 2005. Según información oficial, la unificación busca eliminar la duplicidad de procesos y costos y amplía el marco de prevención para incluir nuevas actividades económicas y fortalecer la gestión de riesgos. La ley da hasta 6 meses desde el 17 de septiembre para presentar el reglamento al Presidente. La SIB, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), decidió no esperar. La institución informó que integró una comisión técnica multidisciplinaria y trabajó de forma anticipada. La planificación institucional prevé que el reglamento se someta a conocimiento del Presidente de la República aún en septiembre de 2026. (LH 22.09.26)
