Buscan mejorar ley de tarjetas de crédito
La iniciativa de ley número 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, fue dictaminada desde el 2019, fue aprobada la primera y segunda lecturas en el 2020, pero fue hasta el 6 de febrero recién pasado cuando se aprobó la tercera lectura y se prevé que se apruebe por artículos y redacción final esta semana en el Congreso de la República. Al respecto, la CFG refirió mediante un comunicado que la Constitución Política de la República y la legislación guatemalteca establecen que “en materia crediticia y financiera, el proceso legislativo debe estar respaldado por informes de las entidades técnicas correspondientes, incluyendo la Superintendencia de Bancos”. Agrega que “irrespetar estos procesos haría incurrir este proceso legislativo en ilegalidades, como ha sucedido en el pasado”, pero comprenden “que la actual iniciativa de ley 5544 ha cumplido con ese debido proceso, involucrando entidades expertas y las autoridades correspondientes”. La Cámara adscrita al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresa que la legislación de las tarjetas de crédito debe estar fundamentada “en sólidos principios técnicos para proteger a los usuarios, mantener los beneficios que de estas se derivan y potenciar la economía de Guatemala”. Dicha organización empresarial insiste en su pronunciamiento en que para asegurar un uso sano de instrumentos como las tarjetas de crédito “es crucial que la regulación se base en criterios técnicos que no solo promuevan una operación financiera eficiente, sino que también protejan los derechos de los consumidores y garanticen la transparencia y libre competencia en el mercado”. A criterio de la CFG, con reglas claras, cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza y es un aspecto vital para asegurar la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales y el progreso económico, por lo que lograr certeza jurídica es posible si las regulaciones cuentan con bases técnicas que protejan a los usuarios y no pongan en riesgo el crecimiento de las actividades comerciales. (Prensa Libre 14.02.24)
