Nuevo operador evitaría colapso de aeropuerto
Este 18 de agosto se cumplen seis años desde que el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) perdió la Categoría 1, otorgada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En el mismo año, fue excluido de la lista de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos debido a la falta de auditorías aeroportuarias. Gerardo Berganza, profesional de aviación con más de 30 años de experiencia, aclara que “la categoría no es del aeropuerto, es del Estado de Guatemala y se obtiene a través de la auditoría que realiza la FAA, que es la entidad equivalente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala, pero en los Estados Unidos”. Esta categoría se refiere al cumplimiento de las normas de la OACI, en las cuales la FAA evalúa si la autoridad de aviación civil de un país —en este caso, la DGAC— autoriza y supervisa a los transportistas aéreos con base en las normas de seguridad operacional de la aviación de la OACI. Guatemala hoy no puede ejercer los derechos de Categoría 1, un punto necesario para la conectividad, la economía y la inversión. Destrabar esta situación depende de acciones interrelacionadas: ejecutar inversiones que no se realizan desde hace 20 años y asumir la recomendación de que el Estado no sea operador y regulador a la vez. Las inversiones que requiere el AILA suman alrededor de US$140 millones. Para que estas se lleven a cabo, Felipe Baselga, socio de Banca Inversión Deloitte Latam, remarca la necesidad de un cambio en el modelo de gestión, análisis que resulta del estudio realizado por Deloitte-Tetra Tech. “La conclusión a la que se llegó fue que la forma más eficiente para desarrollar en el mediano a largo plazo la operatividad del aeropuerto y operarlo con seguridad era una alianza público-privada (APP)”, explica, debido al requerimiento de gran infraestructura con proyección internacional. En caso de que Guatemala cambie el modelo de gestión del aeropuerto a una APP —en donde el sector privado financia, construye y opera el aeropuerto—, Rafael Poveda, especialista sénior del BID para Guatemala, señala que se debe hacer “un estudio de estructuración financiera, legal, técnica y de valor por dinero para hacer un proceso de licitación”. Actualmente, el aeropuerto está bajo el modelo de gestión pública, opción que se “descartó porque el sector público tiene ciertas dificultades para el financiamiento y mantenimiento que se requiere”, justifica Baselga. (PL 14.08.24)
