Ley habilitaría fondo para reparar carreteras
El pasado martes 15 de octubre, la ley 5431, conocida como Ley de Infraestructura Prioritaria, fue aprobada en tercer debate y quedó a la espera de conocer enmiendas para la aprobación de artículos y redacción final. A pesar de que estaba agendada para discutirse el pasado martes 22 de octubre, los diputados terminaron la sesión al llegar a ese punto. En el caso de que se logre discutir y aprobar, este sería apenas el inicio de un largo camino para la transición a un nuevo modelo de carreteras, ya que hay una serie de acciones que se deben ejecutar, principalmente por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para avanzar con los trámites administrativos de oficio. Cecilia Pivaral, quien es parte de la mesa de Infraestructura de la iniciativa Guatemala No se Detiene, señala que el CIV debe crear una unidad para “realizar las modificaciones al Reglamento Orgánico Interno (ROI) para incluir una dirección nueva, llamada Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp); trabajar con la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) en la definición de perfiles y contratación del personal 011, y procurar que el Ministerio de Finanzas autorice la nueva Estructura Programática. Por esto, el 2025 podría ser el año de transición para la aplicación de la ley, en caso de que se apruebe en el presente año. Pivaral considera que, si “seguimos trabajando con el modelo de obra pública tradicional, la infraestructura seguirá quedándose limitada, se espera un aceleramiento en su deterioro y continuaremos cayendo en la competitividad del país y calidad de carreteras con un parque vehicular creciente”. Una de las herramientas en las que se debe trabajar para la aplicación de esta ley es el Reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que deberá ser aprobado por Acuerdo Gubernativo. Así mismo, realizar una evaluación de la red vial “para identificar acciones situación jurídica y física de la infraestructura y poder empezar a planificar las acciones de trabajo. Todo este proceso puede durar entre 12 y 18 meses”, estima Pivaral. (PL 24.10.24)
