Agexport y CIEN: GT pierde competitividad regional por desequilibrio entre salario y productividad
El sector exportador resultó ser el más golpeado en 2025, así como hay otros factores que se recomiendan tomar en cuenta a la hora de decidir el salario mínimo para el 2026, explican expertos. Un aumento a salario mínimo podría debilitar más las condiciones del sector exportador, así como también otras consecuencias negativas, como la pérdida de empleos formales, explicaron. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), presentó un informe con apoyo del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) sobre la situación exportadora. Agexport asevera que el incremento al salario mínimo, 2025 (6% y 10%) decretado por el presidente Bernardo Arévalo «cayó en el peor momento, con más costos y menos competitividad». En ese sentido, el economista y analista Hugo Maul recuerda que el sector exportador fue afectado con la imposición del arancel del 10% por parte del presidente Donald Trump desde abril del presente año. «El problema particular con el sector exportador es que sigue sujeto a un arancel de 10%, mientras que su principal competidor, que es México, está libre de ese arancel para la mayoría de productos», puntualiza Maul. Los exportadores y el CIEN hacen énfasis en que la decisión de salario mínimo debe estar lejos de una decisión política. Estas entidades resaltan la importancia en que la fijación del salario mínimo debe ser acorde a la realidad productiva y competencia global, para proteger y generar empleo. En ese sentido, en análisis de Agexport y del CIEN explica que Guatemala está perdiendo competitividad regional debido a un desequilibrio entre el salario y la productividad. Asimismo, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) se suma al análisis enfatizando que un aumento salarial necesita considerar las diferencias en productividad y el costo de vida por territorio. «Guatemala necesita más que un salario mínimo diferenciado. Para impulsar empleo formal fuera del área metropolitana se requieren acciones concretas que incentiven la descentralización productiva», recomienda Fundesa. (LH 05.12.25)
