Subsidio a combustibles no implica más deuda
En cumplimiento del Decreto 11-2026 del Congreso, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, se implementará un mecanismo de apoyo social temporal destinado a mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles, lo cual no implica la emisión de más deuda ni la aprobación de nuevos impuestos. El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín) señala que este beneficio se trasladará de manera directa a los consumidores en el momento de la compra del carburante en las estaciones de servicio, lo cual se verá reflejado en la factura correspondiente. El subsidio será de Q8 por galón de diésel y de Q5 para las gasolinas regular y súper, con el fin de contribuir a aliviar el gasto de los hogares y de los sectores productivos. El objetivo de esta medida es que el valor final en los expendios refleje una disminución equivalente a los montos establecidos, en beneficio directo de la población y del sector productivo. El financiamiento de esta disposición asciende a Q2 mil millones y quedará cubierto mediante una readecuación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para 2026. Esta decisión refleja la coherencia del compromiso de esta administración con la disciplina fiscal, ya que no implica la creación de nuevos impuestos, el incremento de los existentes ni la contratación de deuda adicional a la que fue autorizada por el Congreso en su oportunidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la referida normativa, la implementación de este apoyo no modifica el techo del plan de inversiones aprobado por el Parlamento, el cual se mantiene en Q168 mil 134 millones. En consecuencia, la decisión se ejecutará bajo los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. El replanteamiento financiero se fundamenta en la optimización del uso de los recursos disponibles; en particular, en espacios generados por niveles de desembolso proyectados por debajo del 100 %. Las estimaciones técnicas del Minfín sitúan la ejecución entre el 94 % y 96 %, lo cual permite reasignar dinero sin afectar de manera significativa la prestación de servicios públicos ni la operatividad de las instituciones del Estado. (DCA 20.04.26)
