País lleva a cabo examen de riesgo
Este mes dan inicio las actividades previas a la Evaluación Mutua con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y uno de los procesos que vigilará es sobre el cumplimiento de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual establece que los países deben identificar, evaluar y comprender sus riesgos de lavado de dinero y otros activos. Para cumplir con esta sugerencia, se lleva a cabo la Encuesta Nacional de Riesgos (ENR), con la que el país conocerá las principales amenazas, vulnerabilidades y sectores más expuestos a ser utilizados para actividades ilícitas. El país hizo su primer examen en 2015 y la primera actualización en 2018, ejercicios que cuentan con el soporte técnico del Banco Mundial y un marco metodológico adaptado al entorno local, informó la Superintendencia de Bancos (SIB). La renovación vigente abarca nueve módulos temáticos: activos virtuales, delitos ambientales, organizaciones sin fines de lucro vinculadas al financiamiento del terrorismo, delitos tributarios, beneficiario final, amenazas nacionales de lavado de dinero, capacidad nacional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, inclusión financiera y financiamiento del terrorismo. La SIB detalló que la ejecución de la ENR recae en la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Copreclaft), liderada por la vicepresidenta Karin Herrera. “En el marco de la Evaluación Mutua, esto significa que no basta solo con identificar los riesgos, sino que Guatemala debe demostrar que utiliza esa información para tomar decisiones, fortalecer su sistema de prevención y represión del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y coordinar esfuerzos entre las autoridades competentes y las personas obligadas”, señaló la SIB. El jefe de la institución, Saulo de León, destacó que este proceso interinstitucional involucra al Estado y a las personas obligadas y se orienta a construir un diagnóstico integral que permita tomar decisiones informadas. (DCA 02.06.26)
