Identifican seis retos para ejecutar las nuevas leyes de puertos y APP en Guatemala
Guatemala cerró una etapa de reformas legales en materia de infraestructura y ahora enfrenta desafíos distintos: convertir las nuevas reglas en organismos capaces de operar proyectos que puedan ejecutarse y generar condiciones que permitan atraer inversión al país. En este contexto, la mesa técnica de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene realizó una visita de tres días a República Dominicana para conocer la experiencia de este país en puertos, zonas francas y alianzas público-privadas. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explica que República Dominicana ofrece lecciones sobre cómo combinar distintas herramientas para atraer capital hacia la infraestructura “a través de contratos de pagos por disponibilidad, alianzas público-privadas e inversiones privadas en puertos, aeropuertos y carreteras”. Señaló que ese país del Caribe ha priorizado la participación privada y ha fortalecido, al mismo tiempo, su capacidad institucional. También destacó el desarrollo de servicios logísticos, parques industriales y zonas francas como parte de ese modelo. A su criterio, estas experiencias pueden servir de referencia para que Guatemala implemente las nuevas leyes de infraestructura y aumente su capacidad productiva. Así, a partir de esta experiencia, Fundesa identificó seis retos para Guatemala en la etapa de ejecución. Estos abarcan desde ordenar, titular y valorar los activos que administrará la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN) hasta estructurar su primera generación de proyectos. Uno de los primeros retos es poner en funcionamiento la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN). Para Fundesa, su creación no debería limitarse a integrar un directorio y emitir un reglamento, sino que requeriría conocer con precisión qué bienes administrará, cuál es su situación jurídica y cuál es su valor. Entre las experiencias observadas está la de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), que conserva la propiedad estatal de los activos y otorga concesiones a largo plazo. Para adoptar este esquema, se requiere sanear las finanzas y avanzar en la titulación de más del 60% de los terrenos portuarios. (PL 14.08.26)
