Legislativo aprueba precios de referencia para diésel y gasolinas
Tras semanas de negociaciones, Congreso aprobó anoche, de urgencia nacional, decreto que impone precios de referencia a los combustibles, mientras el presidente Bernardo Arévalo había adelantado que Ejecutivo estaba “listo” para implementar la opción definida por los diputados, a fin de aliviar la economía de los guatemaltecos. Según el mandatario, el Gobierno está preparado “para comenzar a hacer los pasos legales y técnicos que se requieran para ejecutar lo antes posible” la medida. Con total de 130 votos, se aprobó el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, que establece un mecanismo temporal para contener el impacto del alza internacional de los carburantes, mediante precios máximos de referencia para el consumidor y un techo de hasta Q2 mil 500 millones para financiar la medida en lo que resta de 2026. La normativa fija en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, mientras que la superior tendrá un costo máximo de Q41, con impuestos incluidos. El esquema operará mediante una subvención variable a los importadores autorizados cuando el valor de mercado supere esas tarifas. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) será el ente rector y calculará el precio variable en terminales, para lo cual tomará como referencia los valores externos, costos de importación, transporte, almacenamiento y distribución, además de la información tributaria correspondiente. La ley establece un techo de Q2 mil 500 millones para financiar el mecanismo, mediante ampliación y readecuación presupuestaria. El beneficio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podrá concluir antes si se agotan los recursos o los precios internacionales disminuyen por debajo de los parámetros establecidos. El decreto también incorpora controles para garantizar su aplicación. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) verificará los precios en las estaciones de servicio, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fiscalizará las facturaciones y la Contraloría General de Cuentas supervisará el uso de fondos públicos. (DCA 09.09.26)
