Gobierno explica razones del veto
El presidente Bernardo Arévalo detalla los argumentos constitucionales que lo llevaron a él, en Consejo de Ministros, a vetar la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 7-2025), que los diputados aprobaron el 2 de septiembre pasado. El primer razonamiento que expone el Acuerdo Gubernativo 182-2025 es el relativo a seguridad jurídica, que obliga al poder público, incluido el Parlamento, a emitir leyes y disposiciones de carácter general “que sean confiables, estables, predecibles, inteligibles, coherentes y que revelen un sentido claro en relación con las consecuencias jurídicas que derivan de ellas”. Además, recuerda que es función del Parlamento aprobar, modificar o improbar. Refiere que vencida esa etapa, corresponde al Gobierno aprobar la distribución analítica; sin embargo, la Ley de los Consejos recientemente avalada es contraria a los preceptos señalados. El acuerdo cita: “El legislador ordinario le pretende asignar al Ministerio de Finanzas la atribución de modificar el presupuesto a través de una ampliación, atribución que la Constitución confiere con exclusividad” a los diputados para cada ejercicio fiscal. “Lo anterior vulnera el sistema de gobierno republicano contenido en el texto constitucional, al pretender un Organismo de Estado asignar su atribución a otro”. En el acuerdo 182-2025 refiere el Artículo 238 de la Carta Magna que reza: “Cuando se contrate obra o servicio que abarque dos o más períodos fiscales deben provisionarse los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes”, lo que irrespetaron los congresistas en el decreto en mención. (DCA 06.10.25)
