Ley de puertos necesita consenso y unificación
Los primeros avances para la creación y funcionamiento de una autoridad portuaria, así como su gobernanza, regulación y marco legal, se concretaron con el dictamen favorable emitido por los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República, el miércoles 28 de enero. La posición legislativa se da luego de la visita realizada la semana pasada por delegados de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), así como de la suscripción de una carta de aceptación (LOA) entre Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). Dichos acuerdos están relacionados con la ampliación del muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el diseño de un tren de carga desde esa terminal hacia las afueras de Escuintla y la intervención de seis tramos carreteros, anunciada el jueves 15 de enero. Aún está pendiente de que los integrantes de la Comisión de Economía emitan su postura, con el fin de consensuar una normativa conjunta que pueda ser presentada al Pleno del Congreso y continuar con el proceso de aprobación. Mientras tanto, el reporte de buques en fondeo para el muelle comercial de la EPQ, en Escuintla, registraba 46 navíos al jueves 29 de enero, entre carga general sólida y carga general, según los registros oficiales. La iniciativa tiene como objetivo principal crear un marco legal moderno y unificado para ordenar, regular y desarrollar el Sistema Portuario Nacional, con énfasis en la eficiencia, seguridad, competitividad y atracción de inversión. Asimismo, busca atender problemas estructurales como los retrasos históricos en los puertos, que han encarecido los productos importados hasta en 35%; las esperas de buques de hasta 45 días, con costos diarios promedio de US$35 mil; y debilidades en materia de seguridad portuaria, que representan riesgos para la seguridad nacional y posibles sanciones internacionales. A ello se suman la fragmentación institucional, la duplicidad de funciones y la vigencia de marcos legales obsoletos, creados en las décadas de 1980 y 1990, que ya no responden a las exigencias actuales del comercio marítimo. (PL 30.01.26)
