Crece presión política y empresarial por aprobar ley antilavado
La presión para que el Congreso de la República avance en la aprobación de la iniciativa de ley antilavado ha aumentado en las últimas semanas, a casi ocho meses de que Guatemala sea sometida a la Evaluación Mutua sobre prevención y combate al lavado de dinero por parte del Gafilat. Desde la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos (SIB), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) y, esta semana, el pleno ampliado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se ha manifestado la necesidad de que el país modernice la legislación sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT). El presidente Bernardo Arévalo llamó al Congreso a “no perder el tiempo” y aprobar la ley antilavado durante su conferencia de prensa de este martes 26 de mayo. Además, reiteró la urgencia de la iniciativa al advertir que Guatemala corre el riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En febrero de 2027, Guatemala enfrentará la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI y del Gafilat, cuyo objetivo es revisar el sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). Como resultado de ese proceso, el país recibirá una calificación que permitirá determinar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, la evaluación incluirá recomendaciones para corregir deficiencias detectadas y fortalecer el sistema nacional. De no obtener una calificación favorable en esta auditoría internacional, Guatemala corre el riesgo de ingresar a una “lista gris”, categoría que identifica a los países poco cooperantes en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto implicaría sanciones y un impacto negativo en la reputación e imagen del país ante la comunidad financiera internacional. (PL 27.05.26)
