EUA sanciona a 100 legisladores, fiscales y jueces de Nicaragua
Estados Unidos anunció este lunes restricciones de visado que afectan a 100 miembros de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua, así como a fiscales, jueces y otros profesionales del sistema judicial nicaragüense, por su presunto papel en la erosión de la democracia en el país. Las sanciones implican la revocación de los visados que pudieran tener ya algunos de esos funcionarios y afectan además a «algunos de los familiares» de los funcionarios en cuestión, informó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado. «Estas revocaciones de visado demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no solo para los líderes del régimen, sino también para los funcionarios que faciliten los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos», dijo Blinken.
El Departamento de Estado no proporcionó una lista de los funcionarios afectados por las sanciones, y un portavoz dijo a Efe que no podía identificar a quienes habían perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, según la ley de EUA. No obstante, Blinken aseguró que todos los sancionados «ayudaron a facilitar» medidas antidemocráticas del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Entre esas medidas, citó el reciente arresto de 26 «opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos seis aspirantes presidenciales, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos». También indicó que han «aprobado leyes represivas, incluida la legislación electoral, una ley de ciberdelitos, otra de agentes extranjeros y otra de soberanía, que han servido para restringir la libertad de expresión, y para criminalizar la disidencia y la participación política». El jefe de la diplomacia estadounidense acusó además a los sancionados de haber ayudado en los intentos de «acosar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes», y también en los de «socavar las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua». Fuente: www.eleconomista.net
