Nuevo gobierno tendrá Q8 mil millones iniciales
El próximo jueves 30 de noviembre es la fecha máxima que los actuales diputados al Congreso tienen para conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2024 que planteó el Ejecutivo por un monto de Q124 mil 880 millones, según dictamen de la Comisión de Finanzas emitido el pasado 23 de octubre. Si la actual legislación no aprueba el programa financiero, quedaría vigente el aprobado para el 2023 por Q115 mil 880 millones, un monto menor en Q9 mil millones al planteado, a pesar de que deben asumir sus cargos el presidente y vicepresidenta electos, así como gran cantidad de funcionarios públicos. Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, conversó con Prensa Libre y expuso la situación del proyecto de presupuesto 2024 y en primer lugar se refirió al dictamen mencionado, aseverando que como Ejecutivo, estructuraron un presupuesto en concordancia con la sostenibilidad y ordenamiento fiscal, con un déficit fiscal del 1.7% del producto interno bruto (PIB), una contratación de deuda pública baja y fortalecimiento de los gastos con mayor reorientación al tema social, por lo que “la decisión de aprobar o improbar, recae en el Legislativo”. Afirmó que hay varios cambios, pero los integrantes de la Comisión de Finanzas analizaron lo que modificaron, “y ellos tendrán las justificaciones y fundamentos de los cambios al proyecto de ley”. Dicha sala de trabajo realizó varias audiencias públicas y los sectores expusieron sus requerimientos financieros, y en función de ello, comentó, salieron las modificaciones al dictamen. “Como Ejecutivo ya no hay una participación directa; entonces, lo importante para el gobierno es contar con un presupuesto aprobado, porque de lo contrario, es tiempo que se pierde para que inicie la ejecución”, apuntó. Aclaró que -en un escenario de no aprobación- el tema de salarios no tendría mayor impacto, en comparación con inversión pública, sobre todo la que ejecuta y está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), los Consejos de Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo, que son instituciones que hacen inversión pública y tendrían que reprogramar las obras. (Prensa Libre 22.11.23)
