Inversionistas evalúan ciberseguridad para operar en Guatemala, advierte AmCham
Empresas grandes y pequeñas enfrentan riesgos distintos, mientras el país discute cómo crear reglas claras y una respuesta coordinada ante ataques cibernéticos. La preparación de una empresa frente a los riesgos de ciberseguridad no depende únicamente de su tamaño o de cuánto invierte en tecnología, sino también de la cultura interna que ha desarrollado para proteger su información y responder ante incidentes. Esta fue una de las conclusiones de Erick Sosa, Premium Sales Manager de GBM Guatemala, este jueves, durante un foro sobre ciberseguridad. “La principal diferencia que hace (una empresa) es a nivel de la cultura y, obviamente, la atención interna de cómo cuidar información privada y tu propia información” añade. Sosa explicó que algunas empresas pequeñas han logrado desarrollar mecanismos de protección con inversiones más limitadas, pero con procesos claros sobre cómo manejar y resguardar sus datos. En contraste, advirtió que todavía existen organizaciones donde la información circula por herramientas no autorizadas o se almacena sin controles adecuados: “A nivel de país […] no tenemos una cultura de la importancia de la data, cómo cuidarla”. Durante el encuentro organizado este 17 de septiembre para analizar la legislación de ciberseguridad y sus implicaciones para las empresas, denominado Panel Ejecutivo: Ciberseguridad y empresa: ¿Qué cambia con la iniciativa 6347?, AmCham señaló que una mayor confianza digital puede fortalecer la posición de Guatemala frente a inversionistas, principalmente en sectores como servicios empresariales y tecnología. En este encuentro, los expertos coincidieron en la importancia de que Guatemala cuente con una entidad técnica especializada, con autonomía y las capacidades necesarias para prevenir, gestionar y responder de manera efectiva ante estos incidentes. Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, comentó: «Desde antes, en Guatemala consideramos que la construcción de un marco de ciberseguridad efectivo requiere necesariamente del diálogo entre el sector público y el sector privado». (PL 18.09.26)
