Q4,733 millones comprometidos en arbitrajes del Estado
El Estado de Guatemala enfrenta un pliego de demandas internacionales y locales por unos Q4 mil 733.5 millones, laudos que de confirmarse obligarían a hacer readecuaciones al presupuesto para cumplir con esos pagos y dejar de atender otras necesidades de la población. El dato se limita a procesos que están activos en diferentes instancias, aunque la cifra podría aumentar hasta Q7 mil millones más si se toman en cuenta otros expedientes que por ahora están en suspenso o en intención por los inversionistas, que ya pasaron a la siguiente etapa legal de reclamo. En un supuesto de que todas las sentencias se resolvieran contra el Estado, se necesitaría destinar unos Q11 mil 733 millones líquidos, suma que equivale a casi el total de la iniciativa del presupuesto para el Ministerio de Salud —Q12 mil millones— o que serviría para amortizar el 78% del pago del servicio de la deuda para 2022. Que Guatemala enfrente un cúmulo de demandas en tribunales internacionales es un mal mensaje para los potenciales inversionistas, en primera instancia, mientras las autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Ministerio de Economía (Mineco) afirman que se analiza cada controversia, así como la posibilidad de resolver en una etapa no litigiosa para evitar un arbitraje y, por tanto, el pago. La mayoría de demandas se han conocido en los tribunales locales, en buena parte por contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y uno contra la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), promovido este último por la empresa Servicios Bayside, S. A., dentro de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala (Crecig). Además, hay otros expedientes flotantes que están pendientes de emitir laudos arbitrales en los tribunales locales, demandas cuyo monto hasta ahora no se pueden cuantificar. (Prensa Libre 19.07.21)
