Gobierno debe entregar más de Q34 mil millones
El 32.7% de los gastos previstos en el proyecto de presupuesto estatal para el 2022 se destina a Obligaciones a Cargo del Tesoro. Estos son recursos comprometidos, por ley, y deben entregarse a diversas instituciones y entidades descentralizadas, aunque no haya una visión u objetivo de desarrollo económico. En la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos para el 2022 que está en discusión en la Comisión Finanzas del Congreso por Q103 mil 992 millones, a las Obligaciones a cargo del Tesoro se signan Q34 mil 65 millones, que equivale al 32.7% del total. En este rubro están las asignaciones que establecen la Constitución y leyes específicas u ordinarias para dotar de recursos públicos tanto para su funcionamiento como para inversión. Entidades como el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Clases Pasivas, son algunos rubros que se cubren con las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Del total indicado, Q20 mil 755 millones se destinan a funcionamiento y Q13 mil 310 millones, a inversión. El monto es menor a los Q42 mil 306 millones vigentes para el 2021, que estuvo influenciado por los efectos de la pandemia, a pesar de que el monto aprobado, según Finanzas, fue de Q33 mil 594 millones. De acuerdo con un análisis del presupuesto que elaboró el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien en relación al presupuesto readecuado de 2021, los principales incrementos para el 2022 serían: Q1 mil 638.8 millones para el sistema de justicia (MP+OJ+CC); Q1 mil 151.3 millones para las municipalidades. También Q536 millones para otros aportes del Estado (CHN más Fondo para la Vivienda más Indemnizaciones igual otros aportes para contingencias más resarcimiento Chixoy); Q524.7 millones para servicios electorales (TSE); Q341.3 millones para administración fiscal (SAT más devolución de impuestos); Q228.5 millones para aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo; y Q.202.0 millones para protección social (IGSS más CONADI). (Prensa Libre 28.10.21)
