Exponen riesgos en que la DCG reciba autopista
Al oficializarse que Dirección General de Caminos (DGC) se hará cargo del peaje de la autopista Palín-Escuintla a partir del 1 de mayo por el vencimiento del contrato de concesión de 25 años, han empezado a surgir cuestionamientos sobre la capacidad de gestión de la referida dependencia, aunque también se indica que es la oportunidad para demostrar que se puede hacer un buen trabajo. La DGC fue creada el 28 de mayo de 1920 y es la entidad encargada de realizar, mantener, actualizar y ejecutar planes regionales de construcción, rehabilitación, mejora y mantenimiento de carreteras, por lo que, por ley, le corresponde la administración del tramo mencionado. Hasta el momento no hay un plan oficial que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) hayan dado a conocer sobre el manejo, administración y mantenimiento de ese tramo en particular, por lo que diversos sectores productivos demandan la garantía de un programa que evite el deterioro de esa infraestructura. Lo único que se ha dado a conocer, es que se estaría aplicando una reducción a la tarifa del peaje, pero aún no hay valores específicos del nuevo pliego. La Coordinadora Nacional para el Transporte (CNT), emitió una postura crítica sobre el traspaso anunciado hacia la DGC, así como la responsabilidad del cobro de peaje, sin que hasta ahora se tenga claro el monto a pagar según tipo de vehículo. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que legalmente, la recepción del activo por parte de la DGC es lo que corresponde, pues “dado que el sistema actual de infraestructura vial no fomenta la planificación a largo plazo, y en su momento no se hizo una licitación para otra Alianza Público-Privada, ahora el camino que queda es mantener el peaje, por las condiciones estratégicas de esa carretera para el desarrollo económico y social del país”. Abraham Rivera Estévez, alcalde de Escuintla, indica que, de acuerdo con el marco normativo vigente, la DGC deberá administrar la ruta y brindarle el mantenimiento respectivo, pero no está de acuerdo con que se continúe cobrando peaje. Y para el analista Roberto Santiago Servent, la percepción ciudadana sobre los altos índices de corrupción e ineficiencia de las autoridades a cargo de las instituciones genera que sean negativas las opiniones en cuanto a la administración de bienes por parte del Estado. (Prensa Libre 21.04.23)
