Aumenta rechazo al presupuesto 2024
En una sesión que duró varias horas el jueves 30 de noviembre, el Congreso de la República con 115 votos aprobó el decreto 18 – 2023, que da vida al presupuesto nacional para el próximo año, con un monto de Q124 mil 879 millones. Han pasado tres días de la aprobación por parte de los disputados y crecen las reacciones de rechazo, como las publicadas este domingo 3 de diciembre. Una de estas es la del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Destacó que desde la comisión técnica de salud de Fundesa han recomendado que el Ministerio de Salud Pública genere criterios más específicos que transparenten las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (oenegés), y para ello elaborar manuales sobre competencias para determinados aportes. Agregó que el presupuesto general 2024 aprobado por el pleno del Congreso de la República, deja asignaciones especificas a oenegés, algunas de reciente creación, sin criterios sobre las competencias necesarias para los recursos que se les va a desembolsar, limitando así la capacidad de fiscalización para lograr un adecuado desarrollo social con base en la planificación y seguimiento en la ejecución, que fomenten la eficiencia y la transparencia del gasto público. Mientras que ciudadanos representados en el Frente Ciudadano Contra la Corrupción expresaron su “profundo” rechazo ante la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2024 por parte del Congreso. “Consideramos que este presupuesto, lejos de representar un avance en la gestión de los recursos públicos, perpetúa vicios y prácticas que históricamente han facilitado la corrupción en el país”, señaló. Reiteró: “Nos preocupa que, a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía por demandar transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos, el presupuesto aprobado no refleja un compromiso real con estos principios fundamentales”. Agregó que en lugar de avanzar hacia una gestión responsable y alineada con las necesidades prioritarias de la población, el presupuesto mantiene estructuras y asignaciones que han sido fuente de malversación y prácticas corruptas en el pasado. (Prensa Libre 04.12.23)
