MEM continuará operación de infraestructura petrolera
Los servicios para operar y administrar la refinería y el oleoducto deberán contratarse en un plazo no mayor de 45 días, mediante invitación pública a empresas del sector petrolero, conforme a las facultades establecidas en el acuerdo gubernativo 167-84 y el acuerdo ministerial AG-006-2006, de fecha 18 de enero del 2006. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) argumentó, en los acuerdos ministeriales 241-2025/SG y 242-2025/SG, que no cuenta con los recursos económicos, técnicos ni humanos para operar directamente ambos activos. La norma vigente permite contratar servicios de emergencia, con excepción de los procesos de licitación y cotización, mediante procedimientos “expeditos, ágiles y flexibles conforme a prácticas usuales de la industria petrolera”. El Estado recibió el 12 de agosto último tres activos petroleros que eran operados por la empresa Perenco Guatemala Limited, dos por vencimiento de contrato y uno por decisión de la firma de retirarse. Al ser consultado sobre el interés de continuar con la operación de la refinería y el oleoducto, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura dijo recientemente que el objetivo es mantener su funcionamiento. Mencionó varios factores, aunque no detalló los planes para la reactivación de la actividad petrolera en el país. “Si la refinería y el oleoducto se dejan abandonados, es un costo; al final, si infraestructura como esta queda parada, aunque tenga el mantenimiento básico, se va deteriorando”, añadió. Explicó que existe un plan establecido, y que en la actualidad hay otros usuarios del oleoducto, pero no generan el volumen suficiente para aprovechar su capacidad instalada. El objetivo será reactivar la actividad petrolera fuera de áreas protegidas, de manera que siga siendo una industria que aporte al desarrollo nacional, mientras cumpla toda la normativa vigente, en especial, la ambiental, afirmó Ventura el 11 de agosto último. Expuso que el proceso consiste en declarar la emergencia, invitar a compañías que tengan experiencia y solvencia económico-financiera, según las bases que se darán a conocer, y a partir de ahí escoger al mejor oferente para los intereses nacionales. (PL 19.08.25)
