Finanzas trabaja en nueva ley de compras que propone subir techos para cotizaciones y compras directas
Desde el 2024, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) comenzó los preparativos para la creación de una nueva propuesta de Ley de Compras y Contrataciones del Estado, con la que se busca mejorar y agilizar los procesos de adquisiciones públicas. Durante el presente año, el Minfin elaboró un diagnóstico del marco legal actual y analizó las propuestas legislativas recientes y un análisis comparativo de legislaciones de otros países, con el objetivo de desarrollar una nueva norma que actualice el manejo del presupuesto estatal. El articulado de la nueva normativa de contrataciones trasladará en septiembre al presidente Bernardo Arévalo para su revisión. Posteriormente, entre octubre y noviembre, se prevé la socialización de la propuesta con distintas entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de elaborar el expediente de la iniciativa que será entregado al Congreso de la República, encargado de su aprobación. Para elaborar la nueva propuesta de ley, se analizaron también las iniciativas legislativas recientes que buscan reformar el régimen actual. Uno de los principales aspectos a modificar son los montos establecidos para los procesos de licitación y contratación. Al consultar con el Minfin sobre los cambios que incorpora la propuesta, compartieron la explicación que Jonathan Menkos ofreció durante la Ronda del pasado 11 de agosto. Entonces, señaló que el monto de cotización de Q900 mil, vigente desde 1992, equivale hoy a aproximadamente Q137 mil 869, debido a la pérdida de poder adquisitivo. En cuanto a las compras directas, cuyo límite actual es de Q90 mil desde el 2009, su valor real actual rondaría los Q48 mil 280 asegura el funcionario. Con base en ese análisis, el Minfin estima que el límite para cotizaciones podría incrementarse hasta Q2 millones, y el de compras directas hasta Q200 mil. Según el ministro, estas modificaciones permitirían mayor agilidad en los procesos de adquisición tanto para entidades públicas como municipalidades. Además, se pretende optimizar los trámites administrativos y reducir la burocracia, aunque estos cambios aún no se detallan. (PL 19.08.25)
