Analistas advierten sobre el riesgo de aprobar reformas sin bases técnicas
La aprobación de la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) por parte del Congreso de la República, que establece una tasa de 0% para las viviendas y un porcentaje escalonado para los inmuebles destinados a las actividades comerciales, industriales y de servicios, abre un nuevo debate sobre los criterios técnicos utilizados para modificar la estructura tributaria del país. Aunque el impacto directo de la medida no recae sobre las finanzas del Gobierno Central debido a que el IUSI es un impuesto cuya administración y recaudación corresponde a las municipalidades, expertos advierten que las señales enviadas pueden tener efectos más amplios sobre la institucionalidad fiscal y la capacidad del Estado para atender necesidades públicas. El IUSI representa una recaudación cercana a los Q1 mil 725 millones anuales, un monto marginal dentro del balance fiscal nacional, pero que constituye una fuente relevante de ingresos para los gobiernos locales, particularmente para financiar servicios y proyectos municipales. Para Rubén Morales, exministro de Economía, la discusión trasciende el efecto financiero inmediato del impuesto y se relaciona con la credibilidad de las decisiones de las políticas públicas. Morales señaló que resulta contradictorio reducir fuentes de ingresos públicos cuando Guatemala enfrenta importantes desafíos sociales. Explicó que los recursos del Estado tienen como objetivo atender necesidades como educación, salud pública, reducción de la desnutrición, combate al analfabetismo y mejora de las condiciones de vivienda. Antes de que el Congreso aprobara la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Juan Carlos Zapata, advirtió que una modificación de esa naturaleza podría enviar señales negativas sobre el proceso de fortalecimiento fiscal que Guatemala necesita para avanzar hacia el grado de inversión. (LH 30.07.26)
