Choques externos, gobernanza, comercio y subsidios: los frentes que Guatemala debe atender, según el FMI
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el miércoles pasado las conclusiones de la Consulta del Artículo IV realizada a Guatemala, el examen periódico que el organismo aplica a sus países miembros para evaluar el estado de su economía. El documento, disponible en el sitio oficial del FMI, se emitió sin necesidad de una reunión del Directorio, un procedimiento habitual reservado para economías consideradas estables y sin temas que ameriten mayor debate. El diagnóstico confirma lo que las cifras ya venían mostrando: la economía guatemalteca es sólida y resiliente. Pero el FMI también fue claro en señalar la tarea pendiente: acelerar la inversión en infraestructura, fortalecer la recaudación tributaria, avanzar en integridad financiera, reformas estructurales, y mejorar la gobernanza, si el país quiere elevar su potencial de crecimiento. Según la Consulta, los riesgos para la economía guatemalteca se mantienen equilibrados gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos. Sin embargo, el organismo identifica dos frentes que requieren atención. En el plano externo, el FMI señala los altos precios de la energía, las políticas migratorias y comerciales restrictivas, y el riesgo que representaría un fenómeno de El Niño severo. En sentido contrario, un descenso acelerado de los precios internacionales del petróleo o avances en el acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos podrían jugar a favor del desempeño económico. En esa línea, el Fondo recomienda que Guatemala continúe impulsando la diversificación geográfica y de productos de sus exportaciones mediante nuevos acuerdos comerciales, y que redoble los esfuerzos para reducir la informalidad, un factor clave para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible. El informe pone la lupa sobre las remesas familiares como lo ha mencionado en otras ocasiones: aunque siguen siendo un motor esencial del consumo interno, su peso creciente dificulta la conducción de la política monetaria y erosiona la competitividad del país. En el plano interno, el Directorio advierte que las presiones políticas propias del período preelectoral podrían retrasar la implementación de reformas económicas. A esto se suman dos desafíos ya conocidos, la débil ejecución en infraestructura y las brechas en materia de gobernanza. (LH 31.07.26)
