Ineficacia del Bono de Protección al Empleo obliga a analizar cambios en distribución
Desde la burocracia en los procesos de actualización de las solicitudes de suspensión de cobro hasta la falta de verificación en las empresas por parte de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) han hecho que se analicen cambios legales al beneficio económico de manera que sea el empleado quien opte de forma individual. Hasta el viernes, de acuerdo con Gustavo Mancur Milián, presidente del CHN, habían cobrado el beneficio 99 mil 449 de 116 mil 753 en total, lo que equivale a Q275.8 millones pagados a empleados con suspensión de labores, o 13.7% de ejecución del presupuesto asignado. En el Palacio Legislativo, las alarmas se han encendido y los criterios comienzan a converger en cambios a esta ley. En opinión de varios parlamentarios, muchas empresas han declinado la inscripción de sus trabajadores en el programa gubernamental porque deben demostrar solvencia fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el pago de cuotas patronales al Seguro Social (IGSS), y no todas cumplen con esos requerimientos. La presidenta de la Comisión de Trabajo, Adela Camacho, diputada de la bancada de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), reconoce que hay un atraso en la entrega del Bono que atribuye a problemas en los ministerios de Economía y de Trabajo, porque “ya habían pagado a algunos y después crearon una nueva plataforma donde aparecía la Superintendencia de Administración Tributaria”. (Prensa Libre 22.06.20)
