¿Cómo funcionará el impuesto sobre el carbono?
El nuevo plan de la Unión Europea para enfrentar el cambio climático incluye una propuesta que, de ser adoptada, sería la primera de su tipo: un arancel basado en las emisiones de carbono para las importaciones de los países que no tomen medidas similares para reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Los impuestos fronterizos sobre el carbono, que se han debatido durante años, pretenden resolver un problema básico. Si un solo país intenta imponer políticas de reducción de emisiones a nivel nacional, corre el riesgo de que, por ejemplo, sus fábricas de acero y cemento se enfrenten a costos más elevados y comiencen a estar en desventaja ante competidores extranjeros con normas medioambientales más laxas. Si la producción de acero y cemento se desplaza al extranjero, la política climática se vería perjudicada, ya que esas fábricas extranjeras emitirían tanto o más dióxido de carbono en otros lugares. En teoría, un impuesto fronterizo sobre el carbono podría ayudar a evitar esa subvaloración. Si las fábricas de todo el mundo que venden acero, cemento, aluminio o fertilizantes a la Unión Europea (UE) tuvieran que pagar un cargo adicional por la contaminación que emiten, tendrían un incentivo para limpiar sus operaciones. Las empresas europeas tendrían menos incentivos para trasladar sus operaciones al extranjero. Y, si otros países adoptaran normas similares, eso podría presionar a las naciones reticentes a frenar su uso de combustibles fósiles. Sin embargo, los escépticos afirman que un impuesto fronterizo sobre el carbono podría resultar difícil de aplicar y enfurecería a los principales socios comerciales de Europa, entre ellos Rusia y China. La propuesta de la UE es una primera prueba para determinar si esta idea puede tener éxito. La idea también podría extenderse. En Estados Unidos, los demócratas propusieron el miércoles su propia versión de un impuesto sobre las importaciones de países que carecen de políticas climáticas sustanciales como parte de un plan presupuestario de 3,5 billones de dólares. Aunque esa iniciativa es mucho menos detallada que el plan de la UE, es una señal de que la política climática se está entrelazando cada vez más con la política comercial. (Prensa Libre 16.07.21)
