Piden a la CC agilizar fallo sobre norma que obliga a identificar a verdaderos dueños de proveedores del Estado
Cinco organizaciones de la sociedad civil y personas individuales solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) que “resuelva con prontitud” la acción de inconstitucionalidad que suspendió provisionalmente la obligación de que los proveedores del Estado reporten ante el RGAE a sus accionistas y beneficiarios finales. La medida se denomina Acuerdo Gubernativo de Proveedores Transparentes y está contenida en el Acuerdo Gubernativo 133-2024, reformado por el 208-2024, que establece requisitos, trámites y procedimientos de inscripción y otras anotaciones registrales ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). El artículo 9 obligaba a las empresas proveedoras del Estado a declarar, antes de junio del 2025, a sus accionistas y a las personas físicas que poseen o controlan efectivamente la entidad, ya sea de forma directa o indirecta. Sin embargo, la CC, con resolución divulgada el 11 de julio del 2025, suspendió provisionalmente el numeral ii de la literal d del artículo 9, que contiene dicha obligación. La acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial, fue presentada por Raúl Enrique Ramírez Ceballos, y la suspensión provisional fue emitida por la CC el 10 de julio del 2025. Por medio de un boletín, se informó que las cinco organizaciones de sociedad civil —Acción Ciudadana (AC), Asociación Civil Diálogos, Consejo Nacional Empresarial (CNE), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) e Involúcrate Guatemala ONG—, así como “ciudadanos que se suscriben a título personal y que inciden en diferentes espacios como la instancia de Consejeros Delegados de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC)”, presentaron el miércoles 3 de septiembre un amicus curiae en defensa del Acuerdo Gubernativo 133-2024 del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). (PL 05.09.25)
