Fondo Monetario Internacional urge cambios legales contra lavado de dinero
El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó el informe sobre la evaluación del artículo IV realizada a Guatemala en junio pasado. Aunque reconoció la estabilidad, recomendó aprobar reformas y normas que están en trámite en el Legislativo. En su informe, el jefe de misión del FMI, Alexander Culiuc, destacó un panorama alentador y, en la introducción, señaló: “Gracias a una gestión macroeconómica prudente, Guatemala ha mantenido una economía resiliente, ha logrado baja inflación, amplios márgenes de maniobra para la política económica y, en los últimos años, una cuenta corriente positiva; todos estos factores han contribuido a un acceso al mercado cada vez más favorable. Sin embargo, se necesitan reformas para que el país alcance un equilibrio de alta inversión y alto crecimiento, y para reducir significativamente la pobreza”. El reporte, presentado en Washington, DC, el lunes 8 de septiembre, añade que “las perspectivas macroeconómicas se mantienen sólidas, aunque existe una elevada incertidumbre relacionada con la evolución de las políticas comerciales y migratorias en el extranjero”. Además, se prevé que el crecimiento económico cierre en 3.8% este año y que el considerable impulso fiscal compense la desaceleración de la demanda privada. El 27 de agosto pasado, la Junta Monetaria (JM) conoció el informe de evaluación del desempeño económico y situó en 4% el crecimiento para el 2025. El informe también resalta que se prevé que las dificultades externas mantengan el crecimiento en torno al 3.5% en el período 2026-2027, mientras que en años posteriores podría converger al 4%, “gracias a las inversiones en infraestructura y las reformas en curso, que incluyen la mejora de la gobernanza y la calidad del gasto público”. Respecto de la inflación, se proyecta que retome gradualmente el objetivo de política monetaria, fijado en 4% más/menos 1 punto porcentual. Se prevé que los déficits fiscales, de alrededor del 3% del PIB, persistan a mediano plazo, lo que llevará a que la deuda pública alcance el 30% del PIB al final del período de proyección. (PL 09.09.25)
