Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
La entrada en vigor de los mecanismos contemplados en el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fortalece los controles para prevenir el blanqueo de capitales. En el corto plazo, se prevé un “reacomodo” derivado de la aplicación de las reformas aprobadas. Entre los principales cambios figuran los nuevos lineamientos sobre el beneficiario final (UBO, en inglés), la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP), el control reforzado sobre contratistas y proveedores del Estado, el registro de accionistas, la debida diligencia ampliada y las mayores facultades de supervisión de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Estos elementos son considerados fundamentales para el desmantelamiento de estructuras complejas utilizadas para ocultar o movilizar recursos de origen ilícito. Aunque la ley fortalece los controles sobre operaciones y recursos de origen ilícito, no elimina por completo el riesgo de lavado de dinero. En ese contexto, Guillermo Díaz Castellanos, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), explicó que la figura del beneficiario final permitirá rastrear con mayor precisión el destino del dinero. Sin embargo, advirtió de que esta herramienta tiene limitaciones, ya que pueden utilizarse testaferros para ocultar a quienes realmente se benefician de los recursos. Añadió que el alcance de la ley se limita al círculo familiar cercano del beneficiario. Además, pueden emplearse empresas offshore o fuera de plaza para dificultar la identificación de los beneficiarios reales. La ley dificulta el lavado de dinero, pero no lo impide por completo. En los casos de simulación de empresas ficticias, especialmente aquellas utilizadas en la obra pública, el analista político independiente Douglas González enfatizó en que una de las principales novedades de la nueva ley es que obliga a identificar a la persona que realmente controla o se beneficia de una empresa, aunque se oculte detrás de socios, familiares, fideicomisos o estructuras societarias complejas. (PL 09.06.26)
