ICEFI y Cámaras Empresariales advierten de posibles riesgos en presupuesto aprobado por Congreso
Competitividad e inversión en riesgo, posible inflación y privilegio a gastos de funcionamiento estarían provocando un déficit fiscal que atentaría contra la estabilidad de la macroeconomía del país, aseguran varias cámaras empresariales, luego de la aprobación en el Congreso de la República del decreto 36-2024, Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2025. Los empresarios organizados en las distintas cámaras presentaron sus argumentos sobre los riesgos que representa el presupuesto 2025, el cual representa un incremento del 28.8% en comparación del 2024. Según el CACIF, con el presupuesto 2025 se destina solo un 19.9% a inversión pública. Asimismo, explica que la cantidad aprobada «presenta un preocupante déficit fiscal, lo cual tendrá impactos inflacionarios, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica, la calificación de riesgo país y el poder adquisitivo, sobre todo en las poblaciones más vulnerables». Por su parte, la Cámara de Comercio expresó en un comunicado que el presupuesto debe responder a las necesidades más sentidas de la población, ya que el mismo debe velar por la transparencia de los recursos públicos, por lo cual resalta que se debe evitar el incremento en el déficit fiscal a altos montos de endeudamiento. Mientras que la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) considera que el presupuesto 2025 no refleja las necesidades del país en materia de inversión. La CIG advirtió que el presupuesto presenta un déficit fiscal con una proyección del 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB). En tanto, la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) indica que el presupuesto 2025 «no aborda las necesidades urgentes de inversión pública en sectores clave como infraestructura vial, vivienda y desarrollo urbano, fundamentales para el crecimiento y bienestar del país». El gasto de funcionamiento fue objeto de análisis por parte del Instituto Guatemalteco de Estudios Fiscales (ICEFI) y advirtió sobre el riesgo de incrementar el gasto de funcionamiento, el cual pretende ser alimentado con deuda pública bonificable. (LH 28.11.24)
